México es el país con menor productividad laboral de entre los países de la OCDE. Según estos datos, 3 trabajadores mexicanos producen lo mismo que uno francés o 4 producen lo mismo que uno noruego.
Como bien se sabe, el Banco Mundial viene realizando este estudio desde hace años, para medir la calidad y la eficiencia de la regulación en los países. El estudio en México, se inserta en el estudio global que esta institución realiza, para comparar las regulaciones empresariales de las 32 entidades mexicanas, con otras 188 economías, y dada la relevancia de medir para mejorar, nos permitimos en esta edición de Inbound Logistics Latam, hacer un resumen de los resultados más destacados, con información del reporte.
Éste es el sexto informe subnacional de la serie Doing Business en México. El estudio recoge datos para 4 indicadores en cada uno de los estados de la República, y mide en qué medida las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial.
El estudio analiza las regulaciones que afectan a cuatro etapas de la vida de una empresa: apertura, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos.
VISIÓN GENERAL
En un contexto marcado por la desaceleración económica de la región —con unas tasas de crecimiento promedio de América Latina y el Caribe del 2.9% en 2013, el 1.3% en 2014 y el -0.1% en 2015—, la economía mexicana ha conseguido mantener un crecimiento estable —del 2.5% en 2015 y estimaciones del 2.4% para 2016 (1)—.
La paulatina recuperación de Estados Unidos, destino del 81% (2) de las exportaciones mexicanas, ha sido uno de los factores que ha contribuido a amortiguar los efectos negativos de las fuertes caídas en los precios de las materias primas y la alta volatilidad de los mercados financieros globales.
En ausencia de este factor externo, habría sido complicado para México mantener el nivel de crecimiento actual. Cada vez más estudios asocian el nivel de productividad de un país, no sólo con su nivel de prosperidad, sino también con su capacidad para afrontar escenarios adversos y cambiantes como el actual (3).
En este sentido, es importante que la productividad ocupe un lugar prioritario en las agendas políticas a todos los niveles de gobierno. Un informe publicado en 2016, indica que México es el país con menor productividad laboral de entre los países de la OCDE (4). Según estos datos, 3 trabajadores mexicanos producen lo mismo que uno francés o 4 producen lo mismo que uno noruego (5). En los últimos años, el gobierno federal ha realizado esfuerzos para mejorar los niveles de productividad y competitividad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20 (18) incluyó la “democratización de la productividad” como una de sus 3 estrategias transversales, dentro de la cual se englobaba la agenda de mejora regulatoria. Recientemente, el gobierno federal ha llevado a cabo importantes reformas estructurales de los sectores financiero, de telecomunicaciones y energético que se espera tengan un impacto positivo en los niveles de competitividad del país.
En el último año, México avanzó 4 puestos en el índice de Competitividad Global de 2015 publicado por el Foro Económico Mundial, gracias a mejoras en las áreas de eficiencia de los mercados financieros y sofisticación empresarial (6).
En el último año, México avanzó 4 puestos en el índice de Competitividad Global de 2015 publicado por el Foro Económico Mundial, pero la excesiva burocracia y la corrupción siguen dificultando los procesos.
Sin embargo, esta misma publicación identificó la excesiva burocracia gubernamental y la corrupción como los dos principales factores que dificultan hacer negocios en el país (7). Reconociendo las áreas de oportunidad en este campo, se ha emitido un paquete de reformas legales para la aprobación del Congreso denominado “Justicia Cotidiana”, que es aquella distinta a la penal y que facilita el trato y la convivencia social.
Esta iniciativa contempla la creación de un marco nacional de mejora regulatoria. No todas las variables que determinan el nivel de competitividad de un país son igualmente controlables por los gobiernos.
Sin embargo, sí está en sus manos diseñar una regulación clara y eficiente que propicie las condiciones necesarias para la creación de un sector privado dinámico y competitivo. En este sentido, la mejora regulatoria ha sido una materia clave en las agendas de competitividad y productividad de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en los últimos años.
En 2012, el Estado de México fue la primera entidad federativa en elevar la mejora regulatoria a rango constitucional. Desde entonces, Aguascalientes, Baja California y Chiapas han hecho lo mismo.
A nivel municipal, 17 de las 32 ciudades medidas crearon un Comité de Mejora Regulatoria formado por profesionales de distintas dependencias con el objetivo de mejorar la normatividad y hacer más eficientes los procesos burocráticos que afectan a las pequeñas y medianas empresas (8).
El gobierno federal también se ha sumado a estos esfuerzos. A través del Fondo PYME (9), 27 de las 32 entidades han obtenido recursos destinados a diferentes proyectos relacionados con la mejora regulatoria.
Los montos oscilan desde 800,000 MXN (USD 59,576) para la creación de un Comité de Mejora Regulatoria, hasta 3,500,000 MXN (USD 260,645) para la habilitación de trámites en línea y un Sistema de Información Geográfica.
Desde el año 2009 hasta la fecha, los reportes Doing Business en México han registrado 238 reformas positivas en 4 áreas regulatorias diferentes. Esta evolución, pone de relieve el importante esfuerzo que se ha venido realizando a todos los niveles de gobierno.
Las mejoras registradas por Doing Business en México 2016 están en su mayoría relacionadas con la digitalización de trámites y procesos burocráticos, la fusión de trámites gracias a la creación de ventanillas únicas, y las mejoras por la implementación de los juicios orales mercantiles. Por otro lado, la nota negativa la ponen la desaparición del portal Tuempresa —que afectó negativamente el proceso de apertura de empresas— y los incrementos de costos en algunas ciudades para los indicadores de obtención de permisos de construcción y registro de la propiedad.
¿QUÉ MIDE DOING BUSINESS MÉXICO 2016?
Doing Business analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. En el informe anual, que compara 189 economías de todo el mundo, México está representado por la Ciudad de México y Monterrey (10). Sin embargo, los emprendedores mexicanos encuentran un panorama muy diverso en cuanto a regulaciones y prácticas según su ubicación. Doing Business en México 2016 incorpora 2 cambios metodológicos importantes.
El primero afecta a 3 de los 4 indicadores analizados. Los indicadores de obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos incorporan nuevos componentes diseñados para medir la calidad de la regulación y de los servicios prestados.
El Panel Independiente de Expertos sobre Doing Business (13), funcionarios responsables de políticas públicas y otros usuarios de los datos (14) llegaron a la conclusión de que mejorar solamente la eficiencia de un proceso tiene poco impacto si el servicio prestado es de baja calidad.
Es más fácil hacer negocios en Aguascalientes, Estado de México y Colima
Por ejemplo, registrar una propiedad rápidamente y a bajo costo es importante, pero si el registro no es fiable, el título de propiedad no tiene valor. En este sentido, el indicador de permisos de construcción ya no mide exclusivamente la eficiencia del proceso para completar todos los requerimientos para construir una bodega (número de trámites, tiempo y costo), sino también la cualificación del personal encargado de revisar los planos, los controles de calidad realizados antes, durante y después de la construcción y los regímenes de responsabilidad aplicables, entre otros.
Así, el indicador de obtención de permisos de construcción incorpora el índice de control de la calidad de la construcción, el de registro de la propiedad incluye el índice de calidad de los sistemas de administración de tierras y el de cumplimiento de contratos incluye el índice de calidad de los procesos judiciales.
El segundo cambio metodológico afecta al cálculo de la clasificación por indicador y agregada. En esta edición, las clasificaciones por indicador se calculan con base en la distancia a la frontera. Esta medida muestra, en una escala de 0 a 100 —donde 100 representa la mejor práctica identificada a nivel global y 0 el peor desempeño—, a qué distancia se encuentra una determinada economía de “la frontera”, representada por el mejor desempeño observado en cada uno de los indicadores a nivel internacional.
La clasificación agregada se basa en la media de la distancia a la frontera de las 4 áreas medidas. Este cambio proporciona más información que el simple escalafón utilizado anteriormente debido a que no sólo se muestra el lugar que ocupa cada estado, sino también a qué distancia se encuentran unos de otros.
La recolección de datos se ha realizado a través del estudio de la legislación vigente y de entrevistas personales a 456 expertos locales del sector privado de todo el país, incluyendo abogados, notarios, arquitectos, ingenieros, empresas de la construcción, asociaciones profesionales y otros profesionales que regularmente realizan los trámites analizados en el estudio (15).
Adicionalmente, 282 funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno participaron en el proceso de recopilación de datos. La información está actualizada a 31 de diciembre de 2015, incluyendo los da- tos de Ciudad de México y Monterrey.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?
Según la clasificación agregada de las 4 áreas analizadas, es más fácil hacer negocios en Aguascalientes, Estado de México y Colima. Estos 3 estados, junto con Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Durango, muestran en esta edición un desempeño superior al de la media de los países de altos ingresos de la OCDE —con 77.92 puntos en la distancia a la frontera—.
Aguascalientes sigue manteniendo la primera posición a pesar de haber retrocedido ligeramente en la distancia a la frontera ya que solamente se registró una reforma en el indicador de cumplimiento de contratos.
Estado de México y Puebla, que reformaron en al menos 3 de las 4 áreas medidas, redujeron sustancialmente la brecha que les separa del primer clasificado. Al igual que en 2014, todos los estados mexicanos siguen teniendo un desempeño por encima de la media de Latinoamérica —con 63.74 puntos en la distancia a la frontera—.
Es importante señalar que la clasificación agregada no guarda relación con el nivel de ingreso percápita de los estados o el tamaño de su población. Si analizamos los resultados por indicador, destacan tanto las grandes diferencias de desempeño entre estados, como las diferencias de desempeño entre indicadores dentro de un mismo estado (tabla 1.1).
Ninguna entidad clasifica en todas las áreas entre los 9 primeros puestos y, además, 29 de los 32 estados tienen al menos un indicador por encima de la distancia a la frontera promedio de México. Esto sugiere que tanto las buenas prácticas como los peores desempeños no se concentran en un grupo reducido de estados, sino que están dispersos por todo el país.
Veintinueve de los 32 estados están por encima de la distancia a la frontera promedio de México en al menos un indicador
Por lo tanto, todas las entidades tienen algo que aprender y algo que enseñar. Abrir una empresa es más fácil en Nuevo León —donde el uso del sistema en línea SIGER para registrar el acta constitutiva está más extendido entre los fedatarios y no se solicita una licencia de actividad municipal—, mientras que obtener permisos de construcción es más fácil en Colima —donde todas las interacciones con desarrollo urbano se pueden realizar en línea en tan solo 12 días—.
Transmitir una propiedad es más fácil en Puebla —donde 3 de los 5 trámites se realizan en línea—, y un juicio mercantil se resuelve de forma más eficiente en Estado de México —donde el tiempo es de los más bajos y el índice de calidad de los procesos judiciales es de los más altos del país—.
Un análisis de los datos en un contexto internacional permite apreciar mejor la magnitud de las diferencias entre los mejores y peores desempeños registrados en México. Esta brecha es especialmente amplia en los nuevos componentes que evalúan la calidad de la regulación y los servicios prestados (16).
En apertura de una empresa, por ejemplo, la diferencia entre Nuevo León y Quintana Roo, equivale a 76 puestos de diferencia en la clasificación global o, lo que es lo mismo, a pasar del puesto 149 al 73.
Este indicador es el único en el que ningún estado mexicano se encuentra entre el 25% de las mejores economías a nivel global, principalmente por el alto costo del proceso —en el que los honorarios de fedatarios públicos suponen un 50%—.
El indicador de permisos de construcción es el que más diferencias presenta, ya que prácticamente todo el proceso depende de los municipios. Mientras Colima está entre las mejores prácticas del mundo en cuanto a la eficiencia del proceso —a niveles de Australia o Alemania—, la Ciudad de México se sitúa en el tercer cuartil de la clasificación mundial lastrada por el alto costo de la licencia de construcción.
Ninguna entidad mexicana clasifica en todas las áreas entre los 9 primeros puestos; todas las entidades tienen algo que aprender y algo que enseñar.
En registro de la propiedad, la diferencia más amplia está en el índice de control de calidad del sistema de administración de tierras, donde Querétaro estaría entre el 25% de las mejores economías —con una puntuación similar a Irlanda o Portugal— y Zacatecas entre el 25% de los peores desempeños.
En cumplimiento de contratos, gracias a la reducción del tiempo del juicio tras la implementación de los juicios orales mercantiles, 23 estados estarían dentro del 25% de las mejores economías del mundo en cuanto a eficiencia (tiempos y costo).
En todos los indicadores, excepto en apertura de empresa y en el componente de calidad en registro de la propiedad, hay al menos una ciudad mexicana cuyo desempeño es superior a la media de los países de altos ingresos de la OCDE.
Un análisis comparativo entre los resultados de Doing Business en México 2016 y los de la Encuesta sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno elaborada por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (17), muestra una relación inversa entre el desempeño promedio en los 4 indicadores y la incidencia de pagos extraoficiales que las empresas deben realizar en ocasiones para agilizar trámites o conseguir permisos.
No es extraño que en aquellos municipios donde los procesos burocráticos son más sencillos, eficientes y transparentes, las oportunidades para que aparezcan este tipo de prácticas informales sean menores.
Desarrollar y mantener buenas prácticas como la utilización de medios electrónicos para el registro de empresas, disponer de un código de construcción claro que no se preste a ambigüedades en su interpretación, disponer de un sistema de administración de tierras cuya información sea accesible y sus tarifas estén claramente establecidas, o disponer de un sistema electrónico y aleatorio de asignación de casos a jueces contribuyen en gran medida a cerrar puertas a la corrupción.
Una regulación eficiente y transparente no sólo permite a los empresarios dedicar más recursos a su actividad productiva, sino que también contribuye a reducir las oportunidades de corrupción.
¿QUÉ HA MEJORADO?
Entre 2014 y 2016, Doing Business en México registró un total de 53 reformas que contribuyeron a mejorar el clima de negocios. De ellas, más de la mitad se han implementado en cumplimiento de contratos, el 25% en registro de la propiedad, el 15% en permisos de construcción y el 8% en apertura de una empresa.
Todos los estados han reformado positivamente en al menos un área, 5 lo han hecho en al menos 3 áreas y Puebla lo ha hecho en todas las áreas. El ritmo de reformas se mantiene en la media de las últimas 4 ediciones del reporte que acumulan ya un total de 238 mejoras desde 2009.
En cumplimiento de contratos, 28 estados han logrado reducir en un tercio la duración de la etapa de juicio gracias a las mejoras en la implementación de los juicios orales para resolver disputas mercantiles de baja cuantía.
Puebla, Jalisco y Estado de México fueron los estados que más avanzaron hacia las mejores prácticas globales aunque la brecha que los separa es todavía amplia.
En Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Campeche, Oaxaca, Guanajuato y Colima, donde además operan juzgados mercantiles especializados, los tiempos han bajado a la mitad. Diez estados —Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí— mejoraron también la calidad de los procesos judiciales introduciendo herramientas electrónicas de apoyo a la gestión de casos.
La creación de expedientes virtuales, el monitoreo de plazos y control de su vencimiento, la programación de fechas de audiencia y la generación de documentos judiciales son algunas de ellas. El segundo indicador con más reformas identificadas es registro de la propiedad.
De los 14 estados que registraron mejoras, Durango y Tamaulipas han sido los que más avanzaron gracias a la reducción de trámites. Durango actualizó su base de datos catastral y mejoró la comunicación entre el Catastro y el Registro Público reduciendo el proceso en 3 trámites.
Siete estados han conseguido sobrepasar la puntuación media de los países de altos ingresos de la OCDE, aunque la brecha que los separa de los mejores desempeños registrados a nivel internacional es todavía amplia.
Tamaulipas amplió la información del inmueble que se incluye en la escritura de compraventa, la cédula catastral, y el certificado de reserva con prioridad, eliminando 4 trámites que antes se requerían para completar la información sobre el predio.
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Coahuila mejoraron en el nuevo índice de calidad de los sistemas de administración de tierras gracias a que digitalizaron su Registro Público e implementaron una base de datos indexada para revisar gravámenes. Otros estados también han simplificado trámites, como Jalisco, que eliminó el trámite de manifestación catastral o Estado de México al dejar de solicitar el certificado de no adeudo de agua.
Asimismo, algunos estados también han implementado trámites electrónicos como en Jalisco y Puebla o como Coahuila, Estado de México y Sonora, donde se implementó una plataforma web para uso notarial que permite realizar trámites ante los Registros Públicos.
Quintana Roo modernizó su registro, reduciendo el tiempo del trámite de la inscripción de 50 a 30 días. En los últimos dos años, se registraron 8 reformas en el indicador de obtención de permisos de construcción.
Puebla fue la ciudad que más avanzó hacia las mejores prácticas al unificar los trámites previos a la construcción en un expediente único —5 trámites en uno—. En Celaya, para construcciones de bajo impacto ya no es necesario solicitar un dictamen de impacto vial y, además, al igual que en Tlaxcala, se unificó el trámite de la solicitud de constancia de alineamiento y número oficial a la licencia de construcción.
En 2014, Veracruz creó la Dirección de Trámites y Servicios, una ventanilla única que recibe expedientes de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Protección Civil, Catastro, Vivienda y Tesorería. Como consecuencia, la duración del proceso se ha reducido en dos semanas. Cuatro estados mejoraron el proceso de apertura de una empresa durante los últimos dos años.
Baja California fue el que más avanzó, al reducir el tiempo de expedición de la licencia de operación mercantil en 8 días tras introducir la afirmativa ficta. Si el empresario no recibe respuesta del municipio en un plazo máximo de 72 horas después de la solicitud, puede comenzar a operar.
En Puebla y Sinaloa, se incrementó el uso del SIGER, la plataforma electrónica para la inscripción del acta constitutiva al Registro Público de Comercio. En Durango, la inscripción de la sociedad en el Registro Federal de los Contribuyentes ya se realiza por medios electrónicos al igual que en el resto de estados.
Puebla fue la entidad que más avanzó hacia las mejores prácticas, reformando en todas las áreas. Jalisco fue el segundo estado que más avanzó, registrando mejoras en 3 de las 4 áreas medidas.
Sin embargo, no todos los cambios facilitaron hacer negocios. El retroceso más importante se dio en el área de apertura de una empresa. A pesar de que el proceso ha mejorado sustancialmente desde 2007, en los últimos dos años el proceso de mejoras se ha ralentizado debido a los problemas técnicos de Tuempresa, el portal en línea para la creación de empresas introducido en 2009.
La inscripción en el Registro Público de Comercio de manera remota vía Tuempresa ya no es posible. Como consecuencia, el número de interacciones para abrir una empresa aumentó en las 10 entidades, donde su uso era más frecuente y que ocupaban 10 de las 12 primeras posiciones en la clasificación de 2014 (19.
El proceso de transmisión de propiedades se complicó en Colima, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca. Colima hizo obligatorio el trámite del avalúo catastral y Michoacán, Hidalgo y Zacatecas incrementaron el costo del mismo. Oaxaca incrementó el impuesto sobre el traslado de dominio.
En obtención de permisos de construcción, se registraron cambios negativos en 8 ciudades20, principalmente relacionados con el aumento de costos de la licencia de obras y/o los costos de conexión a las redes de agua y drenaje.
Los incrementos en tiempo fueron consecuencia de la implementación de ventanillas únicas y revisiones internas de procesos que no funcionaron bien por su reciente puesta en marcha. Aunque al día de hoy estos sistemas demoran el proceso, los tiempos deberían mejorar en el mediano plazo. Veinticuatro estados están hoy más cerca de las mejores prácticas mundiales que en 2014. La distancia a la frontera muestra el progreso de cada estado hacia la mejor práctica registrada a nivel global en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la mejor práctica identificada por Doing Business a nivel global.
Los estados que más han avanzado hacia la frontera regulatoria han sido Puebla, Jalisco y Estado de México. Siete estados han conseguido sobrepasar la puntuación media de los países de altos ingresos de la OCDE, aunque la brecha que los separa de los mejores desempeños registrados a nivel internacional es todavía amplia. Puebla fue la entidad que más avanzó hacia las mejores prácticas, reformando en todas las áreas.
En obtención de permisos de construcción, por ejemplo, Puebla unificó los trámites previos a la construcción en un expediente único —consolidando 5 trámites en uno—, además de prescindir de un dictamen del cuerpo de bomberos para las construcciones menores a 1,500 metros cuadrados, y eliminar una inspección para emitir la licencia de construcción.
Jalisco fue el segundo estado que más avanzó. Lo hizo en 3 de las 4 áreas medidas, especialmente en permisos de construcción y en cumplimiento de contratos. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara unificó las solicitudes para obtener una conexión de agua y drenaje, y dejó de cobrar derechos de conexión a las redes de agua y drenaje para determinadas construcciones.
En registro de la propiedad, se eliminó el trámite de manifestación catastral y se posibilitó la obtención del certificado de libertad de gravamen en línea. En cumplimiento de contratos, la implementación de sistemas y herramientas electrónicas para la gestión de casos contribuyeron a la mejora del índice de calidad del sistema judicial.
El 25% de los estados que más avanzaron hacia las mejores prácticas mejoraron en 3 áreas por término medio, mientras que el 25% que menos avanzó lo hizo tan solo en una. Los grandes avances en la distancia a la frontera, en la mayoría de los casos, han sido fruto de esfuerzos integrales que abarcan diferentes áreas regulatorias.
En este aspecto, los comités de mejora regulatoria, compuestos por profesionales de distintas dependencias, han jugado un papel importante. El 64% de las reformas registradas, tuvieron lugar en los 17 de los 32 municipios medidos —54% del total— donde existe un comité de mejora regulatoria.
El desarrollo de planes de acción claros y con metas colectivas puede acelerar el fortalecimiento del ambiente de negocios. Entre los 8 estados que retrocedieron en la distancia a la frontera agregada, 4 introdujeron 2 cambios negativos y el resto uno. En términos generales, los avances superan a los retrocesos. Los 32 estados, en promedio, avanzaron 1.02 puntos hacia la frontera de las mejores prácticas mundiales.
PARTICIPA CON NOSOTROS