Avanza Reforma que dicta prisión preventiva para el robo al transporte de carga

mayo 27, 2019 - Por Karen M. Kroll
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La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar al catálogo de delitos graves, entre los que se incluye el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, en los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa. 
El documento avalado con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones fue enviado a legislaturas locales para sus efectos constitucionales. Incluye también los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas, así como aquéllos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), recordó que la minuta se recibió el 11 de diciembre de 2018 y se dictaminó en cumplimiento con 
el Reglamento de la Cámara. La comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria.

Carrillo Martínez resaltó que se consideró el mínimo posible de afectación a la perspectiva de los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia, debido a que se encuentra en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y de sus instituciones, por los altos niveles delictivos y falta de eficacia institucional para detenerlos.

Tras casi seis horas de discusión, los diputados dejaron claro que el objetivo es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad.

RUTA DE LAS GESTIONES DE CANACAR

18 de septiembre 2018
 Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa de Reforma al Artículo 19. Sólo incluía robo de hidrocarburos. 


20 de septiembre. 2018
 Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó una nueva iniciativa, en la que se mostró abierto a escuchar nuevas voces. CANACAR sostuvo reuniones con el Senador para sensibilizarle sobre el grave impacto que genera a la economía en su conjunto el robo al autotransporte de carga. 


Se acuerda incluir el robo al autotransporte de carga en el catálogo de delitos graves, siempre y cuando lo apoyaran todas las Cámaras, donde CANACAR trabajó y coordinó los esfuerzos. 


6 diciembre de 2018.
 En el dictamen de la Cámara de Senadores se integró por primera vez el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades como delito grave, y se turnó a la Cámara de Diputados, en donde CANACAR realizó diversos cabildeos para su aprobación. 


6-8 de febrero de 2019.
 Se llevaron a cabo Audiencias Públicas en el Congreso de la Unión para discutir la Reforma al artículo 19, en las cuales CANACAR, a través del Vicepresidente Ejecutivo, José Refugio Muñoz López, participó en 3 ocasiones para emitir el posicionamiento de la industria. 


14 febrero de 2019.
 En el marco de la Asamblea general de CONCAMIN, Enrique González Muñoz, Presidente Nacional de CANACAR, pidió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su apoyo y gestión ante el Poder Legislativo para adicionar el robo al transporte en el catálogo de delitos graves. 


19 febrero de 2019.
 El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Reforma al Artículo 19, y se turnó a los congresos locales. Por ser una Reforma de carácter Constitucional se requiere que sea aprobada por la mayoría de los congresos locales (al menos 17). 



 

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