El transporte en Indonesia es un reto muy importante para los transportistas, dada su geografía única como un archipiélago compuesto por 18,000 islas.
Mantener los costos de logística bajo control ha sido un problema recurrente que ha acosado a la segunda economía más grande del sudeste asiático. La infraestructura deficiente y las regulaciones extralimitadas han fusionado aún más los costos de hacer negocios. Si bien parecía que el país estaba avanzando bajo la dirección del nuevo presidente Joko Widodo –“Una Nueva Esperanza”, como lo califica la revista Time–, el optimismo está comenzando a disminuir. La economía mercantil impulsada por productos básicos ha tenido gran éxito debido a la volatilidad del precio del petróleo mundial. Para empeorar las cosas, una nueva regulación del gobierno ha elevado el capital mínimo para que las empresas de logística operen de $15,000 dólares a cerca de $2 millones de dólares, lo que causó gran consternación en los proveedores de servicios de logística locales. En consecuencia, la Asociación Indonesia de Logística y Expedidores (ALFI, por sus siglas en inglés) planea presentar una demanda.
“Hemos propuesto previamente al ministerio de transporte un aumento en el total de activos mínimos de $15,000 a aproximadamente $100,000 dólares”, comenta el presidente de la ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi. “No entendemos la razón por la cual el ministro decidió más tarde aumentar los requisitos de capital a $2 millones de dólares.”
Debido a sus limitaciones de transporte y los costos implícitos, el desarrollo económico de Indonesia depende en gran medida del crecimiento de su industria de logística emergente. La ALFI sostiene que tal regulación haría que muchos de los expedidores y proveedores de servicios pequeños y medianos que operan en todo el país cerraran sus operaciones, provocando la pérdida de miles de empleos.
Se estima que la industria del transporte y la logística en Indonesia emplea a alrededor de 534,000 personas. Por otra parte, un requisito de capital tan riguroso interrumpiría el flujo de carga que se mueve a través del país, y aumentaría los costos al mismo tiempo.
El gobierno se ha comprometido a seguir adelante con la nueva regulación, un cambio de política que cree que elevará la calidad y fiabilidad del sector logístico del país. Se dará un periodo de tres años a las empresas para cumplir. La regulación se encuentra actualmente en el Ministerio de Ley y Derechos Humanos para su posterior evaluación. Incluso con un periodo de gracia para el cumplimiento, la ALFI sostiene que la mayoría de las empresas no podrán cumplir con ese requisito. En su lugar, se ha sugerido que el gobierno clasifique a las empresas de logística por tamaño en vez de aplicar un conjunto de normas a toda la industria.
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